Estudios recientes, coloquios de gran calidad y voces importantísimas de la academia y la investigación nacionales, han convergido en un diagnóstico: Felipe Calderón cometió un grave error al decretar la “guerra” contra el narcotráfico y la incorporación del Ejército y la Marina a las tareas que corresponden con toda propiedad a las policías, es decir, a los brazos civiles de la seguridad para la que debieran estar ya suficientemente capacitadas, si tomamos en cuenta el largo ciclo, medido en lustros, que se han desperdiciado en preparar y diplomar, tanto a las que corresponden a la federación, y no se diga a las de los estados.

Lo mejor del debate sobre el proyecto de Ley de Seguridad Interior arroja ese tipo de conclusiones que se han visto corroboradas por los pronunciamientos del secretario de la Defensa Nacional, que ha reconvenido, en particular a los gobernadores, para que se aboquen al cumplimiento de sus obligaciones constitucionales. El deterioro en esta materia es grave, al grado de que hay una especie de desdibujamiento del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en la intervención fundamental en este tema y que junto con el protagonismo que ha cobrado en los últimos días el retorno de Luis Videgaray al gabinete, aminoran las posibilidades del primero para aspirar a la candidatura presidencial en el 2018, ya de suyo difícil si se toma en cuenta que el PRI encuentra a su paso escollos mayúsculos que ya profetizan su nueva debacle en la disputa por el poder que está a la puerta. En realidad, el PRI ya demostró que no tiene nada qué hacer en este país; ya le causó un daño descomunal.

La “guerra” calderonista contra el narco tuvo uno de sus escenarios más dramáticos en territorio chihuahuense. Es una historia pendiente a escribirse en detalle, pero la simple investigación periodística ya arroja la tragedia que aquí se vivió y que, con la ola de homicidios habidos desde octubre de 2016 a la fecha, prefigura una reedición que nadie quiere, por supuesto, pero que no se ve que se trate de evitar. Lo mismo en la sierra que en las grandes ciudades, hay eventos escalofriantes que ya han generado críticas al gobierno local sobre el déficit en esta signatura, acompañada de muchos otros datos, como serían asaltos bancarios, crímenes escandalosos, territorios controlados, ejecución de derechohumanistas y, en otro orden de ideas, la criminalización que se ha realizado de una protesta social que no se puede disminuir a petición gubernamental para que la gente común comprenda los regímenes competenciales entre los diversos órdenes de gobierno. Existen estos, pero la percepción y el sufrimiento de los que menos tienen se mide por las carencias concretas y específicas que no se remedian ni con la más refinada retórica.