Carta a Stefany Olmos

Chihuahua, Chih.; a 13 de enero de 2017

C. Rocío Stefany Olmos Loya

Secretaria de la Función Pública

del Gobierno del Estado de Chihuahua

Presente.

“No siempre es útil condenar la irremediable

corrupción del orden social desde el punto

de vista de ideales completamente

irrealizables. No tiene sentido afanarse

en una suerte de crítica social profunda

e incluso ‘metafísica’, si esta carece de

soluciones posibles a problemas políticos

concretos y urgentes”.

—Stephen Holmes

Todos sabemos que los planes gubernamentales de desarrollo –de la esfera que sea– son metafísica pura. A su vez, todos desearíamos que la planeación se convirtiera realmente en un instrumento que contribuya a los ejercicios de transparencia y rendición de cuentas; cuando no es así, no pasan de ser cartas de buenas intenciones que se arrumban en los archivos, no sin antes haber propiciado consultas, conferencias magistrales de expertos y toda una suerte de ejercicios retóricos y de imagen que aparte de costosos no reportan utilidad alguna. Sabemos de su voluntad personal para que esto no ocurra en los próximos años y, créame, hago bonos porque así sea y le ofrezco mi modesta colaboración con esa finalidad, obviamente desde la trinchera del republicanismo cívico al que me encuentro adscrito por mi responsabilidad al frente de Unión Ciudadana.

El combate a la corrupción política en Chihuahua tiene ya una consistente historia. En los últimos lustros empezó por una reforma constitucional para la defensa y protección del patrimonio público con la reforma a nuestro Código Básico local en 1995. Es lamentable que los partidos preconizadores de esa transformación legislativa (PAN y PRD) de inmediato hayan deshonrado su compromiso a través de sus diputados, quienes hicieron de las cuentas públicas un burdo instrumento de negociación y mercadeo político; desde luego son pocas las excepciones personales que podemos hacer al respecto. Luego vino la presentación de la primera iniciativa popular legislativa que se impulsó en la república para crear un Tribunal Estatal de Cuentas, autónomo y respaldada por más de 20 mil ciudadanos pertenecientes a la totalidad de nuestros 67 municipios. Buena parte de las ideas inspiradoras de esa institución fueron tomadas para crear la Auditoría Superior del Estado (baste referir lo concerniente a la Auditoría de Gestión), sin embargo a poco más de seis años de la existencia de ésta, una realidad se impuso: puede haber excelentes leyes pero la codicia de los gobernantes se impone para burlarla y además hacerlo de manera burda, grotesca y prácticamente a los ojos de todos. La iniciativa popular fue aplastada por orden de Patricio Martínez García. Corrupción e impunidad conspiran todos los días contra la sociedad.

El hito mayor del combate a la corrupción, hasta este momento, ha sido la develación de la corrupción durante el gobierno de César Horacio Duarte Jáquez y dos de sus cómplices: Jaime Herrera Corral y Carlos Hermosillo Arteaga. La denuncia de estos criminales logró, quizá por primera vez en el país, sacar a miles de hombres y mujeres a la calle para exigir el castigo de los venales. La denuncia penal, radicada en la Procuraduría General de la República data del 23 de septiembre de 2014 y actualmente está en un expediente de varios cientos de kilos de papel, pero sin resultado alguno debido a que Enrique Peña Nieto ha solapado a los que también son sus cómplices. Esto significa que no hay voluntad política en asuntos de la gravedad como el que me ocupa y que es del dominio público.

La lucha contra el duartismo marcó la coyuntura regional a lo largo de los últimos años y contribuyó a la derrota electoral del PRI, la más profunda que registra la historia del viejo partido de Estado. La fortaleza cívica que sustentó este cambio, empero, no ha sido suficiente para llevar a los tribunales a los traidores de la sociedad chihuahuense. Hay una diferencia que me interesa subrayar: como ciudadanos libres denunciamos la corrupción, creamos un instrumento de participación activa que es Unión Ciudadana y nos movimos, no sin riesgos ni grandes sacrificios, en el ámbito estricto de las decisiones que nuestra libertad personal y el sentido del deber nos reclamó.

Hoy estamos ante una circunstancia diferente: el gobierno del que usted forma parte tiene el deber, la obligación constitucional, para que el expediente prodigue el gran beneficio de llevar a los tribunales del orden penal a las cabezas del cacicazgo tiránico que tuvimos del 2010 al 2016. El ejercicio constitucional del poder, el empleo de la autonomía del estado de Chihuahua, obliga a este gobierno a poner cara frente al poder presidencial para que se actúe; no hacerlo, sobre todo sabedores de que los delitos fueron cometidos, es una conducta –aparte de errónea– que revocaría la palabra empeñada de llevar a la cárcel al “vulgar ladrón”. Entiendo que el hallazgo de la información que se tiene a partir de octubre del año pasado acrecienta la base informativa para mayores reconvenciones a los tiranos que se fueron, pero el compromiso inicial ha de saldarse porque sólo así la crítica del régimen corrupto demostrará que no estamos en presencia de ideales irrealizables, sino que se han postulado soluciones posibles al tema que abordo. pues apostar por el derecho y retar a las instituciones a que lo apliquen jamás podrá tenerse como una simple metafísica estéril.

Soy un convencido de que la rendición de cuentas es la pieza angular de la representación política, a condición de que por esta se entienda precisamente el saldar y fincar responsabilidades a quienes se apoderan de las instituciones para su beneficio directo o indirecto. En esa dirección debemos avanzar y a ello contribuye una pedagogía social que demuestre que se puede castigar a personajes tan sucios como César Horacio Duarte Jáquez.

No habrá frutos en esta materia sin la creación de nuevas instituciones políticas que los solventen y esas instituciones tienen, como correlato imprescindible, la creación de los intereses públicos, el soporte social y ciudadano que empuje desde abajo del Estado y luego desde el Estado mismo la vigencia de una ética pública y constitucional que privilegie por encima de todo, la honradez de la clase política gobernante, los sindicatos, los partidos, los empresarios, en fin, todos los que siendo parte del problema también deben ser sujeto y objeto de la más rigurosa aplicación del Derecho a la política. Demás está que le diga que todo gobierno que adolece de bajo nivel de institucionalidad es débil, aparte de malo, según señala un clásico en la materia. La base moral para esto es que el derecho y la ética que está detrás como sustento del mismo esté poderosamente afincado en la conciencia y las necesidades de sus ciudadanos y ciudadanas.

Para que la nave que han empezado a pilotar llegue a buen puerto, ha de despojarse de proyectos soterrados de poder; aquí no hay mayor compromiso que hacer la tarea que Chihuahua dictó en la elección de junio de 2016, constituir una administración con puertos definidos, con un trato que descarte la represión al pueblo hoy en insubordinación. Hay un pueblo indignado por la decencia mancillada por el grupo duartista que hizo de la irresponsabilidad burocrática el sustento de su riqueza ilícita.

La cobardía moral de los últimos años es una enfermedad que aquejó a todos, provocando pasividad e indiferencia, de tal manera que el clamor popular que hoy se levanta, por razones más complejas, no puede ser apaleada y pedir un día después su solidaridad.

La Unión ha apelado y quiere recrear la institución de la ciudadanía, siempre olvidada por los que solo tienen ojos para el poder y sus veleidades. Para la organización por la que hablo, por acuerdo de sus integrantes, la ciudadanía es el conjunto de mujeres y hombres públicos que se asumen responsables de los asuntos de la colectividad. Sin tomar esta premisa esencial, cualquier plan fracasa. Usted lo sabe porque conoce el valor de la participación cívica.

No está demás recordar el gran valor que tiene el asumir, a través de la conciencia y la práctica, que militancia y participación son dos cosas distintas y que no entenderlo ha llevado a la configuración de una administración particularmente panista, cuando el mandato electoral se fincó en una perspectiva diferente y cuya lectura obliga a la hora de normar el plan que se está vertebrando para los difíciles años que se aproximan para el país y en una frontera particularmente compleja como la que tiene Chihuahua, sobre todo con el país de Trump, pero no solo.

Le reitero mi agradecimiento por sus atenciones y mi ánimo de colaborar en lo personal con usted en la tarea que encabeza. Un abrazo.

Atentamente

Jaime García Chávez