Sin asombro, leo que hasta ahora los directivos de diversas cámaras empresariales vienen a quejarse de la quiebra que les provocó el gobierno anterior. Gasolineros, constructores, comerciantes, industriales, se lamentan de estar en una situación económica más que difícil, que la proveeduría que brindaron al gobierno de César Duarte quedó sin el obligado pago mercantil sin que hayan levantado la voz o enterado a la sociedad de lo que sucedía.

No digo que merezcan estar en esa circunstancia, lo que digo es que su negligencia se explica por el superlativo utilitarismo y entreguismo abyecto al poder. Como bien sabemos, en el sistema económico actual la calidad de empresario se considera como un paradigma de nuestra época; la realidad es que no dan para tanto porque ni siquiera para la propia defensa oportuna de sus derechos toman la palestra, alertando a la sociedad de los grandes males que le amenazaban con un gobierno arbitrario y carente de planificación para comprometerse mercantilmente con sus proveedores. Se comprueba que para este sector de la sociedad, sus intereses están primero y siempre protegidos aún con el silencio servil. Ya no más falta que ahora se armen de valor y se conviertan en los principales cobrones de la actual administración en quiebra heredada.

Se exige la verdad en los sucesos de Madera

Llama la atención el disparejo trato que los medios dan a una noticia particularmente importante. Mientras que para unos es noticia destacada de primera plana el ataque a las policías y comportamiento de las fuerzas armadas en el municipio de Madera, con un saldo de diez muertos y pérdidas materiales significativas, en otros casos no pasa de incidente secundario. No lo afirmo pero sí lo conjeturo, que este comportamiento se inscribe en la línea de mantener en silencio la magnitud de la violencia que se abate en el país y en Chihuahua y que es producto de la guerra civil en la que estamos envueltos.

Ojalá y en las horas que siguen los chihuahuenses estemos debidamente enterados de lo que pasa en el municipio de Madera, concretamente en la comunidad de El Largo Maderal y el enfrentamiento que se documenta hubo en la ranchería Las Pomas por la tarde del martes 11 de este mes.

Justicia en el Estado de derecho, no de partidos

La corrupción es una mezcla con impunidad que sólo se sostiene en los pilares de fuerte resistencia que dan el cemento y el acero de la complicidad. En la escala nacional esto se evidencia con el destino que se le ha asignado a los exgobernadores Javier Duarte, de Veracruz, y Guillermo Padrés, de Sonora; el primero a saber, priísta, y el segundo del PAN, que constituyeron sus plataformas para escalar por la senda del poder y que ahora los ha excluido de sus derechos derivados de la militancia. Si alguien piensa que la visibilidad e intolerancia que cobra la corrupción entre la sociedad mexicana se va a conformar con estos “castigos”, está equivocado rotundamente.

Esa justicia partidaria, como bien lo dijo Alejandra Barrales, presidenta nacional del PRD, en referencia a Javier Duarte, lejos de perjudicarle le beneficia, porque hoy dejar de ser del PRI honra más que denigra, amén de no ser castigo alguno en realidad. Empero, no se puede soslayar que el Duarte veracruzano declinó concluir su negro mandato, que ya le está llegando la lumbre a los aparejos, mientras que acá en Chihuahua todo va muy lento. Aquella –la sanción partidista– es justicia barata, escenográfica, lanzar el mensaje de que ya se hizo algo, aunque ese algo no signifique absolutamente nada. Los extremos a que se ha llegado con el Duarte jarocho apuntan ciertamente a algo más que la pérdida de la membresía, pero se puede estar manejando una razón de Estado, peñanietista, de que con eso basta, lo que significaría exonerar a un delincuente de la especie de César Duarte. Estaríamos en presencia de una justicia selectiva y a final de cuentas limitada, simplemente regar carne en el coliseo para medio satisfacer necesidades de oropel. Por la corrupción, no hay de otra: una sola vara y contra todos.

Lo que se requiere es que sus casos lleguen a los tribunales en materia penal, que encaren la justicia y que reciban el severo castigo por todos esperado, porque es evidente que cometieron traición a las instituciones, a las leyes, a la ciudadanía, al utilizar sus cargos públicos para obtener beneficios privados, directos o indirectos, y en el caso más grave del veracruzano, la imperiosa necesidad de que responda por los homicidios cometidos contra periodistas. Querer que los mexicanos comulguen con ruedas de molino consistentes en esta “justicia” que se reduce a expulsarlos de sus respectivos partidos, es una estrategia del presidente Peña Nieto dictada precisamente por la complicidad, la ignorancia y sobre todo la estupidez.

Enrique Peña Nieto, en la perspectiva del 2018 y ante la precariedad de posibilidades para que su partido continúe en el poder, no está actuando –de hecho nunca ha ido en esa dirección– como un estadista, sino como un rehén de las propias prácticas del priísmo que va en caída libre. Le interesa ir salvando el día a día, cumplir en las formas con el largo sexenio y a la hora de partir heredar un México herido y lastimado en el que él ya esté ausente. Retóricamente ni siquiera el juicio de la historia le interesa.

Pieza clave en todo esto ha sido la incuria sistemática de la Procuraduría General de la República, primero en manos de Jesús Murillo Karam, al que se llevó el remolino de los 43 de Iguala, y luego de Arely Gómez, diestra en la dilación y en la obstrucción de la justicia y más atenta de pasar, como los paquidermos a su última morada, a una silla de la Suprema Corte de Justicia, que de procurar que la misma se prodigue a través de un ministerio público que no ha estado a la altura de las circunstancia y, además, por voluntad propia. Esa PGR es precisamente el principal “argumento” de hormigón armado en el que se estrella cualquier denuncia contra el ancestral abuso de autoridad que se ha apoderado del país.

Pareciera que al igual que en la etapa previa del porfiriato, sólo se convoca al México bronco para restañar agravios. Para fortuna no hay quién esté pensando en vías violentas para remediar esto. Aún y con todo lo que se ve, seguimos haciendo esfuerzos –y esperamos no pasar por ingenuos– que apuestan por el derecho y el funcionamiento de las instituciones, ahora, mañana o más tarde.

En todo esto, el destino de César Duarte parece cocinarse en una olla aparte, aunque contribuiría con creces a confeccionar un acedo potaje con sus otros congéneres. Cierto es que la corrupción puede tener grados y aun se clasifica por su calado económico, pero cuando se actualiza debe castigarse, y cuando es más grave, con mayor razón. Tengo para mí que si comparamos a César Duarte con Javier Duarte, el primero rebasa al veracruzano, por ejemplo, en materia del desastre económico que ha heredado y que mantiene en Chihuahua a una administración pública en la miseria, que se traduce en grave perjuicio para toda la colectividad, a grado tal que buena parte de las intenciones expresadas por los ahora gobernantes no encuentran la forma de actualizarse o desplegarse precisamente porque no hay con qué. El desastre es mayúsculo y su principal responsable vive tranquilamente un retiro cafetero; ¿dónde?, quién sabe, porque hasta la posibilidad de que huya del país le está abierta por la negligencia, –más bien la incuria– de la PGR, de la cual es jefe Enrique Peña Nieto, que se anticipó a declarar su “neutralidad” en este asunto, cuando bien se sabe que es su obligación actuar.

Que no nos vayan a vender, andando los días, la expulsión de César Duarte del PRI como un remedo de justicia peñanietista o que basta castigar al veracruzano caído en desgracia. No olvidemos que son los cachorros del presidente. La acción penal contra Duarte ya, es una exigencia ciudadana que debe consumarse a la brevedad, para sentarlo en el banquillo de los acusadosy responda por sus crímenes, y con él sus cómplices Jaime Herrera Corral y Carlos Hermosillo Arteaga. Que el PRI haga lo que le venga en gana, que lo expulse o que lo nombre su miembro honorario, eso nos tiene sin cuidado.

Que esto no quede en el recuerdo de que la lucha contra la corrupción es buena plataforma para hacerse del poder, aunque lo es, como ha quedado demostrado. Que realmente se convierta en un acontecimiento que quede como un hito en la historia del combate contra la corrupción que demuestre que a los traidores del pueblo se les puede castigar ejemplarmente. Desmontar la corrupción es posible, más si llegamos a ver tras las rejas a la caterva burocrática de traidores.

No queremos justicia de partidos, queremos justicia con calidad de Estado de derecho.

Unión Ciudadana continuará con esta bandera hasta el final.

¡Acción penal contra Duarte ya!

Atentamente

Jaime García Chávez