Cuando Emilio Zolá lanzó su histórico Yo acuso, dijo también otra cosa que se recuerda escasamente pero no por ello tiene menor significación: la verdad está en marcha y nada la detendrá. En el escándalo César Duarte Jáquez esa verdad se ha puesto en movimiento y no tiene, ni jurídica ni política ni éticamente, más desembocadura que el tirano chihuahuense debe ir a parar ante los tribunales a responder por sus graves faltas, y con él sus cómplices. Hay cuatro vertientes que así lo dicen de manera inequívoca:

Primera. La denuncia penal (expediente AP/PGR/UEAF/001/2014-09) interpuesta el 23 de septiembre de 2014 y que el despliegue de la averiguación arroja la comprobación de los delitos cometidos por César Duarte, Jaime Herrera Corral y Carlos Hermosillo Arteaga. Se trata del escándalo Unión Progreso, que ha llevado en estos días a los integrantes de Unión Ciudadana a realizar un evento público de balance que se celebrará el próximo 26 de septiembre a las 6:00 de la tarde en Casa Siglo XIX de la ciudad de Chihuahua. Esta vertiente es, quizá, la más conocida porque marcó el derrumbe de la tiranía.

Segunda. El escándalo de los invernaderos españoles , puesto el día de hoy al rojo vivo por la entrevista con el reclamante Ángel Cano, realizada por Guillermo López Portillo para el programa de Carlos Loret de Mola en Televisa. De una lectura rápida se extrae la conclusión del comportamiento mitómano de César Duarte, sus amenazas, su arrogancia al presumir que él es dueño de la Fiscalía, los jueces y magistrados, y el señalamiento puntual de que intentó pagar con dinero público de los chihuahuenses sus deudas privadas, que alcanzan a su consorte, Bertha Gómez, al hoy diputado Carlos Hermosillo Arteaga y al secretario de Gobierno, Mario Trevizo. Al parecer, se han desencadenado los mecanismos para una cobranza multimillonaria, particularmente acudir ante la PGR para presentar una formal denuncia penal que va a destapar una cloaca del grupo compacto de César Duarte en el que está involucrado también el empresario Jaime Galván. Se trata de un escándalo que alcanza el rango de novela policiaca, con todo lo que esto implica.

Tercera. Es la vertiente de reclamos, por lo general patrimoniales, de particulares humillados y ofendidos por el duartismo para torcer voluntades y configurar negocios absolutamente ventajosos y muy propios de otras épocas del país. Al menos en mi despacho hay expedientes que hablan muy claro al respecto de la celebración de ventas forzadas, notarios traidores a la buena fe pública y otras lindezas. Ojalá y estos particulares se decidan, finalmente, a iniciar sus demandas, por lo que se hace indispensable que haya un Poder Judicial desligado de los intereses del duartismo para tener del lado de la justicia la imparcialidad que la hace posible.

Cuarta. La última de las vertientes aquí enumerada, y quizá la que se pueda estructurar de mejor manera y acompañar de una gran voluntad política, es la que se derivará de los desmanes cometidos por el gobierno actual, especialmente en la Secretaría de Hacienda del socio de Duarte, Jaime Herrera, y que podrá documentar con absoluto rigor el futuro gobierno.

Sin duda esta verdad está en marcha y nadie la detendrá. Cuando el fierro está candente, es cuando hay que martillarlo. Ya no más oportunidades al duartismo. Está llegando la hora de las definiciones que pueden marcar un hito histórico en la lucha contra la corrupción en el país. Que César Duarte y su pandilla paguen será la prueba tangible de un derrumbe del régimen de corrupción e impunidad que impera en el país. Es un tema que no admite parches ni remiendos, ni obsequiosidades ni claudicaciones. En el fondo está la idea-fuerza que encabeza la denuncia del 23 de septiembre y que se debe a la pluma del gran jurista italiano Luigi Ferrajoli, que reproduzco por su enorme valía:

“…nuestro Estado es en realidad un doble Estado, detrás de cuya fachada legal y representativa había crecido un infra-Estado clandestino, dotado de sus propios códigos y tributos, organizado en centros de poder ocultos, destinado a la apropiación privada de la cosa pública y recorrido secretamente de recurrentes tentaciones subversivas. Así, pues, un doble Estado oculto y paralelo que contradecía todos los principios de la democracia política y del Estado de Derecho, desde el principio de legalidad al de publicidad, visibilidad, controlabilidad y responsabilidad de los poderes públicos”.