César y Marco: fin a la guerra

Abrumados por una cotidianidad política gris, banal, frívola, los ciudadanos de Chihuahua están distantes de comprender las desmedidas y carentes de ética pretensiones de los proyectos de poder para ocupar la gubernatura de Chihuahua para el quinquenio que se iniciará en octubre de 2016. Están en marcha varios procesos. Los enumero sin jerarquía y sin pretender abarcarlos todos. Inicio con el control de daños dispuesto por el centro de la república –Peña Nieto y Beltrones– a los estropicios causados por César Duarte Jáquez que han abierto una coyuntura con muchas probabilidades de que el PRI termine su poderío en Chihuahua, luego de tres administraciones al hilo con Patricio Martínez, Reyes Baeza y el cacicazgo actual. A esto se suman dos procesos: los partidos “opositores” preparan su andamiaje con una lentitud y tradicionalismo proverbiales, desentendiéndose de las enormes oportunidades que ofrece Chihuahua para un triunfo opositor y la emergencia de candidaturas independientes que jugarán un rol, hasta ahora visualizable exclusivamente en municipios, pero que pueden contribuir en un entorno general a desbancar al partido hegemónico. Y, por último, desgraciadamente, la falta de atención para construir un gran frente opositor ciudadano, con un proyecto de transformaciones indispensables para Chihuahua y el ofrecimiento, con rostro, de un equipo gobernante que corrija el rumbo de la entidad. Este proyecto, además, implica un diálogo indispensable e incluyente, abarcante tanto de las capas marginadas de la población como de aquellas, cuando menos un sector, en condiciones de privilegio económico, pero que vive en un hartazgo con la corrupción imperante.

En lo escrito se inscribe un vasto universo de problemas imposible de abordar en los límites de un artículo, por lo que en futuras entregas y en los foros a los que tengo acceso, los iré desarrollando para contribuir a la construcción de una alternativa democrática para 2016. Hoy me interesa abordar lo referente al control de daños. Cuando se recurre a este concepto, sin incurrir en petición de principio alguno, se da por sentado que los daños están ahí, son reales. Sume a esto que el control de daños afecta a quienes ejercen el poder, lo tienen y se disponen a conservarlo o refrendarlo en una elección que debe tener dos características en la visión del cacicazgo: alto abstencionismo y puesta en operación exclusivamente de estilo, reglas, aparatos y estructuras electorales, ejercicio faccioso del presupuesto y de la administración, precisamente que sufrieron averías severas cuando colisionaron con los despropósitos de César Duarte de considerarse el único factor en su partido para regir su propia sucesión y erigirse en una especie de “hombre fuerte” de Chihuahua, al estilo de los trasnochados dictadorzuelos que hemos visto en el África subsahariana.

Los ajustes van en varias direcciones: se quiere hacer aparecer al cacique como un gordito bonachón, para lavarle la cara a su acendrado despotismo, disfrazar la descomunal deuda vendiendo el sistema carretero, despertando la piedad, que ya le costó a Chihuahua la pérdida de un oneroso helicóptero, recorrer el itinerario de Francisco en Juárez en febrero y, desde luego, recomponer las relaciones, aun las personales, al interior del propio PRI. Tema este al que centralmente le pongo el acento en esta entrega. Me explico: Duarte empleó utilitaria y perversamente la tragedia del Aeroshow como un mecanismo para deshacerse de un rival muy fuerte encarnado en el grupo Delicias de Fernando Baeza y su sobrino. Como en su visión el poder no se comparte y había que eliminar y destruir a los adversarios, hizo hasta lo imposible por construir su fortaleza en demérito de las viejas y consagradas reglas del PRI para hacer política. Enfermo de poder, no le dispuso medidas a sus ambiciones e inició una ruta que me parece la más preocupante para el curso de la democracia y la construcción del Estado de derecho en Chihuahua: aprovechar las instituciones (Auditoría Superior del Estado, Fiscalía y Poder Judicial) para hacer política en derredor de un proyecto exclusivamente personalista y de poder.

A mi parece normal que haya este tipo de contradicciones, que puedan llegar a ser despiadadas, lo que no me parece es que ese entramado constitucional se desvirtúe y se convierta en una caricatura. Quisiera afirmar que en esto lo del partido al partido y lo de las instituciones a las instituciones; y cuando de allá se transita a estas últimas, es porque realmente los problemas son tan graves que no admiten otra ruta, y en la que me ocupa ameritaba esa otra ruta, sólo que se intentó como un vulgar mecanismo de presión para eliminar a un grupo político en sus propósitos de hacerse de nuevo, y por cuarta ocasión, con el poder político.

Va de suscinta historia. Las víctimas del Aeroshow (tanto de muertos como de lesionados) jamás han importado: al chofer de la Troca Monstruo, Panchito, le ha tocado ser el chivo expiatorio, sin que esto signifique que no le corra alguna responsabilidad. Pero en el fondo la justicia necesaria se ha negligido deliberadamente. En cambio, la presunta corrupción política de Marco Adán Quezada, y con él la de cinco exfuncionarios públicos de la administración municipal 2010-2013, Ildefonso Sepúlveda, Fernando Rodríguez, Alfonso Prieto Prieto, Horacio Flores Chávez y Juan Manuel Fuentecillas, bajo la carpeta de investigación 3701/15, se utilizó como plataforma del ajuste de cuentas entre los grupos priístas, utilizando, repito, a las instituciones, y prostituyéndolas a la vez. Inocultablemente que en el asunto hay miga: una simulada asociación civil (mercantil en realidad) constituida al vapor por Jorge Luis Cuesta Manjarrez, Mario Gerardo Dueñas Barrios y Xavier Cháires Duarte, que se hacen de dinero fácil en una cantidad que frisa los 17 millones de pesos, cantidad grande si la relacionamos con el tamaño del presupuesto municipal de Chihuahua y lo insulso del evento que desató la tragedia.

Cuando hablamos de esto no tenemos menos que recalcar que Duarte pretendió violentar el pacto de no beligerancia cuando los miembros del propio partido se ven envueltos en estos escándalos, puso en riesgo la ancestral unidad mafiosa del PRI. Pero además, y esto es más importante, cómo las condiciones institucionales, y en este caso el Ministerio Público, al carecer de autonomía, se le puede utilizar a capricho como plastilina en manos del cacique. Cuando la corrupción imperante conlleva el reconocimiento de privilegiar el principio de autonomía de la Fiscalía (Ministerio Público), ligado a la obligatoriedad de la acción penal, precisamente en el momento más candente, sobreviene el parto de los montes: Duarte y González Nicolás simplemente deciden desistirse, orillando a lo que en el lenguaje antiguo se entiende como un auto de libertad, de no vinculación a proceso penal, favoreciendo así a Marco Adán Quezada, en un acto inocultable de control de daños para empedrar la posibilidad del continuismo del PRI en el poder, medida dictada en la capital de la república por el padrino y sus consiglieri.

Se presume nuestra reforma penal a los cuatro vientos, pero en la realidad, cuando se toca a los políticos empoderados del PRI, simple y llanamente se olvida que el proceso penal moderno es un mecanismo pensado para satisfacer a un mismo tiempo dos exigencias básicas: en primer lugar el descubrimiento de lo realmente sucedido y, desde luego, la aplicación de las sanciones a los hechos criminales que arroja la historia concreta. Pero ese no es un acto discrecional: operan también las garantías del imputado, pero lo que vemos en este caso es una negación completa a escudriñar un suceso absolutamente lamentable, y en particular el de la corrupción ya referida, y abrirle cauce a la liquidación de la ancestral impunidad. Lo que tenemos en escena es la vieja máxima de que las soluciones realmente judiciales en este país tardan en llegar toda una eternidad. En otras palabras, los políticos del PRI de los que me ocupo son intocables.

El resto de la historia ya la sabemos: los anteriores eventos discriminatorios de Duarte para señalar a sus posibles sucesores han sido cancelados; ahora, José Luis Flores, delegado del CEN del PRI y actor de la tradicional picaresca, ofrece que habrá piso parejo, que “hay para todos” a condición de que “no se atropellen entre sí los aspirantes”. Serán muchos los que se autollamen para el cargo, pero uno o una la escogida. Y aquí no ha pasado nada. Si usted recuerda el discurso de Don Corleone después de la guerra entre las bandas del crimen en Estados Unidos y el delicado comportamiento de los capos, no dude en recrear mentalmente escenas de ese tipo y ver en el futuro abrazos a granel, simulación de unidad, abyecta disciplina, aunque las patadas se pongan a tostón por debajo de la mesa. En todo esto suena un retintín extraído de El Padrino de Mario Puzzo: “Que nos dejen sacar a todos los priístas agua del pozo”. Por eso, han pactado una solución pacífica y dejar las cosas como estaban.

Que las víctimas del Aeroshow apelen a la justicia divina, que Marco Adán Quezada y su socio Jorge Cuesta disfruten de sus millones, que la Constitución sirva de guión para buenos discursos el 5 de febrero y que el control de daños pavimente la carretera para que el PRI en Chihuahua continúe en el poder. Más de lo mismo: llámese César, Marco, Javier, Lilia, Graciela, Enrique, Óscar, Víctor. Son máscaras de un poder atroz y corrupto.

Mientras tanto, las oposiciones duermen plácidamente. Es la hora de los ciudadanos.