César Duarte y Jaime Herrera: el atraco que viene

Un grupo de funcionarios de la Secretaría de Hacienda lleva tiempo dedicado a realizar cálculos y proyecciones sobre el posible precio de venta que podría tener la red de carreteras estatales de cuotas, dentro de las cuales se encuentran comprendidos los tramos carreteros concesionados por la federación al estado. Esto tiene como propósito contar con los recursos para pagar la descomunal deuda que carga a cuestas el estado de Chihuahua, que entre pasivos documentados, papel bursatilizado y deuda a proveedores rebasa los 50 mil millones de pesos.

Las implicaciones son muy profundas: vender un patrimonio de la magnitud del Sistema Carretero Estatal que ha tomado 30 años para su creación, no es un asunto menor, sobre todo si dentro de ello se verá afectada seriamente la capacidad de maniobra financiera del estado para las siguientes generaciones, así como desprenderse de la estructura de comunicaciones de vital importancia para el desarrollo económico de cualquier entidad. Se trata de tema estratégico de vital importancia.

Se sabe que el Sistema Carretero Estatal ya se le ofreció en venta al magnate de las comunicaciones Carlos Slim y que se está en pláticas con la federación para lograr su autorización y poder transferir a dicho particular el usufructo de las concesiones que tanto nos han costado. ¿Cuál sería la consecuencia? Por años, el Sistema Carretero ha sido fuente invaluable y toral del manejo de las finanzas públicas estatales, sin la cual muchas obras no se habrían podido realizar, así como una extraordinaria diferenciación competitiva respecto a otros estados vecinos para la atracción de inversiones. La estructura de comunicaciones es de suma importancia para promover y atraer inversiones dada nuestra proximidad con Estados Unidos, estructura sin la cual sería imposible cumplir con el abanico de necesidades del servicio público. Son múltiples los criterios que han demandado su construcción y desarrollo, sobre todo en un estado con las características y dispersión geográfica como el nuestro, como para poner dicho activo en manos del criterio rapaz de rentabilidad de un particular.

Comunicar el estado va más allá de la simple rentabilidad financiera: conlleva políticas de desarrollo social y de seguridad por encima del retorno sobre la inversión con que el sector privado ve las inversiones. Implica costos sociales en términos de inversión y tarifas que difícilmente enclavan con óptica de rentabilidad y del llamado pay back –perdón por el anglicismo– de un particular. Recordemos los rescates carreteros que la federación tuvo que llevar a cabo en unos estados por el conflicto vivido entre el rol de la función social de las comunicaciones y la fría demanda que caracteriza a la rentabilidad del capital. Transferir una riqueza como la Red Carretera de Cuota del Estado a Slim vendría a ser de nueva cuenta otro privilegio a los múltiples recibidos por la federación en pasadas administraciones, lo que resulta inconcebible después de la transferencia de riqueza que le significó la compra de TELMEX durante el mandato de Salinas de Gortari en condiciones más que ventajosas.

De llevarse a cabo esta nueva operación en Chihuahua, sería un acto de irresponsabilidad y corrupción escandalosa, a la que se suman todas las otras que se han puesto al descubierto, por parte del cacique César Duarte, si la deuda, como dice el agrónomo Jaime Herrera, es manejable, y de allí que cuente con buena “calificación crediticia” (lo que todos dudamos) para pagarla a costa del principal activo con que cuenta el estado.

Para los economistas serios, y los reales expertos en finanzas, la deuda es algo normal y en ocasiones hasta necesario el crédito, a condición de que siempre y cuando esté en alineamiento con la generación de efectivo. O sea, es preferible contar con fuentes crecientes de efectivo y reestructurar la deuda, que desprenderse de esta vendiéndola y transfiriendo la riqueza a un particular, dejando en sus manos a un recurso primordial para el desarrollo económico y social como son las vías de comunicación de cuota, dejando además estas y sus incrementos al criterio expoliador que los caracteriza en detrimento de la creciente demanda de los usuarios, que además tendrían que pagar IVA sobre las cuotas de peaje, que actualmente no se cobra, por ser un derecho.

Son muchas las interrogantes que se desprenden:

• Qué sucederá con las tarifas y cuál será la política de incrementos

• Quién las supervisará y con qué autoridad

• Por obvias, razones, qué sucederá con los jóvenes y ejidatarios con tarifas preferenciales

• Cuál será la política de mantenimiento

• Cómo se darán las futuras inversiones en tramos carreteros de cuota, en consonancia con el Plan Estatal de Desarrollo, que se supone debe ser democrático

• Cómo se le compensará el pago del IVA a los usuarios

Este es un conjunto de interrogantes que poco le importan a quienes han destrozado la esfera pública del estado para entregarse a sus intereses netamente privados. La corrupción descarnada.

El agrónomo Jaime Herrera, que siempre se ha mostrado poco conocedor de los criterios financieros, aunque sus biógrafos nos lo pinten de otra manera, nunca ha tomado en cuenta (en este caso más que en ningún otro) que es preferible contar con una concesión a 30 años que a precios corrientes arrojará cerca de 100 mil millones de pesos, que liquidar una deuda documentada por alrededor de los 44 mil millones de pesos. La razón es sencilla pero parece que el accionista de Unión Progreso y funcionario a la vez, Jaime Herrera, nunca lo ha entendido: el manejo de deuda genera beneficio para el deudor por el efecto de la inflación en el tiempo; es decir, un peso sufre pérdida por la inflación, en tanto que un activo fijo, como las carreteras, genera superávit por revaluación, sea por el costo incremental de reponerlo por efectos de la inflación, o bien por la revaluación que sufre el activo fijo en términos de mercado, también por el efecto de la inflación, según la autorizada voz de expertos en esta materia, con los que puedo estar en desacuerdo, pero que a final de cuentas, como se suele decir, son los que saben y muestran mayor sensatez en casos análogos.

Entonces, es preferible a todas luces mantener el pasivo que irá perdiendo valor por el efecto inflacionario y las amortizaciones y seguir contando con un activo estratégico tan importante con valor incremental por el efecto de la inflación en el tiempo y el costo de reposición en términos de mercado, así como mantener la fuente de ingresos creciente por la actualización de las cuotas tarifarias y el incremento en el aforo carretero, que llevar a cabo la aberración para el estado de vender el activo concesionado para pagar la deuda y limpiar, según ellos, las huellas de la terrible corrupción.

Hay una sola conclusión contra este atraco que viene: vender el sistema carretero de cuota dejaría a por lo menos cinco administraciones de gobierno (2016 + 30 años, toda una generación) sin capacidad de maniobra financiera, por privarlas de una fuente de ingresos esencial para la realización de inversiones básicas de infraestructura, sin las cuales el estado perdiera capacidad de respuesta frente a las demandas de desarrollo y modernización para mantener su nivel de competitividad.

El atraco que viene podemos conjurarlo: al principio, como suele suceder, dándole visibilidad a través de los medios para que la sociedad se entere. Es un asunto de grueso calado.