¿Se puede emplear la desobediencia civil con fines electorales? Pienso que sí, por tanto se puede hacer pública la voluntad de llamar a no votar por partidos o candidatos, más en un momento de crisis del sistema de partidos existente en el país. ¿Qué podemos hacer, además, con candidatos como Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, aspirante del PRI a ocupar el cargo de diputado federal en la próxima legislatura del Congreso de la Unión? Quedarse impasible no es, para nada, expresión de responsabilidad cívica frente a la sociedad y el cuerpo electoral, más cuando en su contra hay actores sociales que luchan contra la escandalosa corrupción política que caracteriza al gobierno de César Duarte y sus operadores financieros, entre los cuales está no nada más el secretario de Hacienda, que se encuentra en conflicto de intereses, sino un candidato que de ganar se cobijaría con el fuero para alcanzar impunidad.
Va de historia:
El pasado 23 de septiembre de 2014 los denuncié ante la Procuraduría General de la República (PGR) por hechos tipificados en el Código Penal Federal y particularmente por peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, uso indebido de atribuciones y facultades y los que pudieran resultar de la investigación que actualmente se lleva a cabo, con la lentitud que dicta el pacto de impunidad con el que se cobijan los hombres del poder actualmente.
En realidad la nominación de Hermosillo Arteaga tiene, al menos, tres finalidades que pretende consolidar la tiranía de César Duarte: cubrir de impunidad, vía el fuero constitucional, a su socio en negocios turbios; responder con arrogancia superlativa a un reclamo de justicia (“el poder es para poder”) y consolidar por esa ruta una avanzada en un distrito marcado fuertemente por la presencia de la criminalidad organizada y los jugosos negocios que se atan y desatan con la presencia del narcotráfico. No olvidemos que el Distrito Noveno electoral federal tiene características muy especiales: rural, étnico, impenetrable en muchas de sus áreas e integrante fronterizo del llamado “triángulo dorado” con Sinaloa y Sonora.
Una desobediencia civil bien cimentada encuentra su justificación precisamente en la defensa de los principios del orden constitucional, vale decir del Derecho con mayúscula. Mucho se ha escrito sobre el tema y no viene al caso hacer una reseña de textos, pero sí, a manera de recapitulación, lo que el filósofo John Rawls dijo de la misma y, permítanme esquematizarlo: se trata de 1) un acto público, 2) no violento, 3) consciente y político, 4) contrario a la ley, y 5) con el propósito de ocasionar un cambio en la ley o en los programas de gobierno. El autor hace sus consideraciones partiendo de observar una sociedad casi justa, bien ordenada, en la que, a pesar de ello se dan graves violaciones a la justicia. Imaginen ustedes el gran valor que la desobediencia cobra en sociedades profundamente injustas, desordenadas y en las que la justicia es una simple caricatura, como es el caso de México.
En este contexto el dilema que se presenta es más que claro: quien vota por un corrupto político, como Hermosillo Arteaga, indirectamente fortalece la corrupción política. Quien está consciente de esa corrupción y no la denuncia para que se traduzca en actos, como llamar a no votar por el candidato en concreto, termina destruyendo su propia relación ética con la comunidad y la sociedad. Se trata de un dilema con opciones contrastantes, pero no solo, también que entrañan el adoptar una conducta cívica para fortalecer el orden justo, no dejándole paso a las graves violaciones y que desde luego –lo quiero enfatizar– entraña riesgos personales. En el caso que me ocupa, transgredir una norma es ir en contra de una disposición que establece la ley y correr, por tanto, con todas y cada una de las consecuencias. No es como sucede con las transgresiones de los corruptos, que van en contra del Derecho a sabiendas de dos cosas: que en México reina la impunidad y que el crimen se paga con cargos públicos, en este caso la posibilidad de ocupar una curul, tener fuero y hacer, de esa manera, naufragar definitivamente nuestro país.
Esta desobediencia civil es darle rostro, con nombre y apellido, a esta propuesta; llamar públicamente a no votar por Hermosillo Arteaga y, llegado el caso de que se proceda penalmente en contra quienes la sustentan y patrocinan, la sociedad tenga la oportunidad de echar a la balanza, por un lado, el peso de la libertad ciudadana y la justicia y, en el otro, la corrupción que la tiranía pretende fortalecer. Después de eso, sacar las lecciones posibles, en particular el valor que se le da a los principios constitucionales por el poder establecido. La prisión sería el mejor reconocimiento a la dignidad.
Finalmente, ¿qué se quiere? Es muy sencillo: cambiar la ley, la política que hunde al país, no permitiendo que alcance el título de representante popular una persona que tiene deudas pendientes con la sociedad.
Ojalá y fuéramos muchos los que nos sumemos a la desobediencia. Ojalá lo hagamos como un día lo propuso para su pueblo Nelson Mandela y conquistar una sociedad integrada y democrática. Basta un puñado para lograrlo.
unámonos a la desobediencia civil
me entristece y me sorprenden los comentarios que hace el lic. garcía chávez, ya que hoy por primer vez los pueblos latinoamericanos se hacen escuchar en el contexto de las naciones y, sobre todo los del cono sur. nos guste o no, hoy existe un nuevo contexto que a algunos no nos gusta o no lo queremos ver pero, ahí esta… Bolivia, Nicaragua, Costa Rica, Brasil, Argentina la misma Venezuela etc.etc. y no hay peor ciego que el que no quiere ver..
Parece que te refieres al artículo que publiqué sobre Venezuela. No lo sé. Pero creo que hace daño a tu causa la tristeza que te provocan mis artículos. Mejor alégrate y sigue adelante, que yo, por mi parte, en el texto sobre Venezuela y en el de la desobediencia civil, no cambio ni una coma.